Tijuana, Baja California.– El uso de una unidad oficial identificada con el programa Safe Visitor / Visitante Seguro, adscrito a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, generó cuestionamientos luego de que el vehículo fuera captado en las inmediaciones de un gimnasio en Playas de Tijuana.
Las imágenes muestran claramente una unidad institucional con los logotipos del Ayuntamiento de Tijuana y del programa Safe Visitor, estacionada en un establecimiento deportivo. En otra imagen aparece un hombre utilizando las instalaciones del gimnasio y consultando su teléfono celular.
La situación ha despertado dudas sobre el uso de los recursos públicos y, particularmente, sobre si la unidad se encontraba en ese lugar durante horario laboral y si el servidor público tenía asignada alguna comisión oficial.
El cuestionamiento cobra especial relevancia porque Safe Visitor es un programa de la Sindicatura Procuradora destinado a brindar atención y protección a visitantes y ciudadanos, por lo que sus vehículos deberían estar vinculados a las actividades propias de esa función.
La ciudadanía tiene derecho a conocer si el traslado de la unidad al gimnasio correspondió a una comisión de trabajo, si existió autorización para utilizar el vehículo y quién era el responsable de la unidad al momento de los hechos.
También resulta necesario aclarar si el servidor público que aparece en las imágenes forma parte de la estructura de la Sindicatura Procuradora y si se encontraba dentro de su jornada laboral, sin embargo es la persiana que conduce el carro oficial.
El uso indebido de recursos públicos no es correcto, pero las imágenes sí plantean una pregunta que corresponde responder a la autoridad: ¿qué hacía un vehículo oficial de la Sindicatura en un gimnasio de Playas de Tijuana?
La explicación resulta particularmente necesaria tratándose de una dependencia cuya función incluye precisamente vigilar el correcto desempeño de los servidores públicos y el uso adecuado de los recursos municipales.
Más que un asunto personal, el caso pone sobre la mesa la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y congruencia institucional. Si existía una comisión oficial, deberá explicarse; si no la había, corresponderá determinar las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse.
Ahora toca a la Sindicatura aclarar el hecho y demostrar que los vehículos pagados con recursos de los tijuanenses se utilizan exclusivamente para cumplir con las funciones para las que fueron asignados.
